En su primer discurso como presidente constitucional de los Estados Unidos Méxicanos, Enrique Peña Nieto anunció la licitación de dos nuevas cadenas de televisión a nivel nacional. Se trata de una demanda social que busca la existencia de mayor pluralidad en las opciones del televidente, a la que se suma la posibilidad de una mayor competencia entre televisoras. Para que tales cosas sucedan, es necesario que las dos nuevas licitaciones no acaben en manos de los dos concesionarios que hoy duopolizan la televisón abierta, Televisa y Azteca. Es necesario que en las leictaciones quede garantizada la participación de nuevas empresas y empresarios en el sector, que puedan aportar programaciones interesantes, que eleven la calidad de los contenidos y propicien una sana y abierta competencia. Pero no basta con ello, es necesario que el gobierno de Enrique Peña Nieto contemple la conformación de una cadena pública de televisión sin fines ni comerciales ni políticos y sí al servicio de la ciudadanía. A estas alturas sabemos bien que la existencia de dos o más empresas privadas no garantizan necesariamente que los medios electrónicos respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Existe el límite del negocio, del lucro económico, que establece una barrera infranqueable entre el interés social y el inetrés pecuinario privado. Y la sociedad civil necesita de un canal que permita a las distintas voces, propias de una nación plutal, expresarse libre y abiertamente, sin el obstáculo de los intereses mercantiles o los políticos.
Así que bienvenidas esas licitaciones, pero en verdad que hay que ir más allá del modelo de televisión privada comercial, para abrir a la televisión a todas las voces que conforman el moasáico pluricultural mexicano. La televisión pública es un medio indispensable para avanzar en la democratización de la sociedad, en la tolerancia, el diálogo, en la unión en la diversidad.
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